La Comisión Europea pidió hoy al Gobierno español que facilite el acceso a la
vivienda, especialmente a los jóvenes y a los inmigrantes, y fomente los alquileres
para reducir el riesgo de pobreza. El Ejecutivo comunitario alertó de que, pese
al fuerte crecimiento de la economía en los últimos años, no ha bajado el porcentaje
de población española en riesgo de pobreza, que se situó en el 20% en 2004, frente
al 16% de media en la Unión Europea. El gasto social en España en porcentaje del
producto interior bruto (20%) continúa estando muy por debajo de la media comunitaria
(27,3%).
En su informe anual sobre protección social e inclusión social de 2007, que será
aprobado el jueves por los ministros de Empleo de los Veintisiete, el Ejecutivo
comunitario constata que en España "el acceso a la primera vivienda propia no
es fácil; a menudo sólo es posible mediante un elevado nivel de endeudamiento".
Añade que "los jóvenes tienen dificultades a la hora de acceder a un empleo estable
y a una vivienda", y que estas dificultades se reproducen también en el caso de
los inmigrantes, "especialmente los recién llegados".
Por todo ello, en el capítulo de recomendaciones prioritarias, Bruselas reclama
al Gobierno "promover una vivienda asequible mediante una política de vivienda
pública y de alquiler a largo plazo". También se alude al tema de la vivienda
en España en otro documento que aprobarán los Veintisiete el jueves sobre los
programas nacionales de reformas. En él se recomienda al Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero que aplique las medidas previstas sobre el mercado inmobiliario
para "reducir gradualmente las presiones sobre el precio de la vivienda a medio
plazo".
La Comisión aconseja además a España recortar la elevada tasa de abandono escolar,
que se situó en 2005 en el 30,8% para jóvenes entre 18 y 24 años, más del doble
de la media comunitaria, ya que considera que así se logrará "romper el ciclo
de transmisión intergeneracional de la pobreza". La nueva ley de Educación "se
propone abordar esta cuestión", admite Bruselas, pero añade que la consecución
de los objetivos previstos "requerirá esfuerzos continuados y globales".
SANIDAD.
El informe sobre protección social dedica un apartado a la sanidad, en el que
se recoge que el gasto de España en este capítulo se ha mantenido estable en los
últimos años en torno al 7,8% del PIB frente al 8,87% de media comunitaria. Aunque
la atención es gratuita, Bruselas señala que el gasto privado, especialmente el
que se desembolsa en metálico, es alto (23,3% del gasto total en 2004), lo que
"puede suponer una carga financiera para los grupos más vulnerables".
También apunta que la descentralización "ha generado diferencias regionales en
el contenido de las prestaciones" que el Gobierno trata ahora de resolver estableciendo
una cartera de servicios comunes, y que las listas de espera son una de las principales
preocupaciones de los pacientes y se deben a que el número de camas hospitalarias
es uno de los más bajos de la UE -358 por 100.000 habitantes- y a que se recurre
mucho a la asistencia hospitalaria, dado el bajo número de médicos generales.
La recomendación de Bruselas al Gobierno en este caso es "abordar las diferencias
regionales en la prestación, reducir las listas de espera y fomentar la prestación
de cuidados de larga duración, y mejorar la eficacia, especialmente estimulando
el uso y la implantación de la Atención Primaria de Salud y una utilización racional
de los servicios, la tecnología y los medicamentos".
RIESGO ENTRE LOS MAYORES.
El informe del Ejecutivo comunitario señala que los mayores de 65 años son las
personas con mayor riesgo de caer en una situación de pobreza (29%, frente al
19% en la UE). El gasto público en pensiones se incrementará en los próximos años
del 8,6% al 15,7% del PIB, muy por encima de la media comunitaria, aunque el riesgo
para la sostenibilidad de las finanzas públicas es medio gracias al superávit
presupuestario, de manera que no se esperan problemas hasta 2020. Bruselas cree
que el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales
en 2006 "mejorará la futura sostenibilidad y adecuación", aunque "queda por ver
si se necesitarán nuevas medidas para alcanzar incrementos suficientes en la tasa
de empleo de los trabajadores mayores".
En este sentido, la Comisión apuesta por "facilitar un mayor nivel de participación,
especialmente de las mujeres y los trabajadores mayores, en el mercado laboral,
lo que contribuiría a asegurar la sostenibilidad y la adecuación del sistema de
pensiones".
En materia de mercado laboral, Bruselas insiste en la necesidad de que España
modernice la protección a los trabajadores con legislación para fomentar la flexibilidad
y la seguridad, contrarrestar la temporalidad, e incrementar el atractivo del
trabajo a tiempo parcial. También aconseja continuar aplicando un nuevo modelo
de formación que integre la formación profesional y la continua para dar una mejor
respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
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